Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos: beneficios, retos y su impacto en las pequeñas y medianas empresas

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La Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, promulgada en la República Dominicana en el año 2020 y recientemente modificada, ha vuelto al centro del debate nacional tras el rechazo expresado por distintos gremios comerciales y empresariales, especialmente aquellos que representan a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs).

Aunque la normativa nació con el objetivo de modernizar el manejo de los residuos sólidos y proteger el medio ambiente, su aplicación y las recientes modificaciones han generado preocupación por el impacto económico que podría representar para el sector productivo.

¿Qué establece la Ley 225-20?

La Ley 225-20 crea un marco legal para regular todo el ciclo de los residuos sólidos en el país, desde su generación hasta su disposición final. Entre sus principales objetivos se destacan:

• Reducir el impacto ambiental de los desechos sólidos.

• Promover la reutilización, el reciclaje y el coprocesamiento.

• Fortalecer la economía circular.

• Mejorar los sistemas de recolección, transporte y disposición final.

• Establecer responsabilidades claras para el Estado, los ayuntamientos y el sector privado.

  
  

Asimismo, la ley introduce el principio de responsabilidad extendida del productor, obligando a las empresas a contribuir económicamente a la gestión de los residuos que generan.

¿En qué beneficia esta ley al país y al sector empresarial?

1. Protección ambiental y salud pública

Una correcta gestión de residuos reduce la contaminación del suelo, el agua y el aire, lo que impacta positivamente en la salud de la población y en la sostenibilidad de los recursos naturales.

2. Impulso a la economía circular

La ley fomenta nuevas oportunidades de negocio vinculadas al reciclaje, la valorización de residuos y el uso de tecnologías limpias, abriendo un mercado emergente para empresas innovadoras.

3. Orden y regulación del sistema de residuos

Antes de esta legislación, el manejo de los desechos sólidos era disperso y poco regulado. La ley busca crear un sistema más organizado, con reglas claras y supervisión estatal.

4. Incentivos ambientales (en su concepción original)

La Ley 225-20 contemplaba incentivos fiscales y financieros para empresas que invirtieran en proyectos de gestión de residuos, reciclaje y tecnologías verdes, lo que podía convertirse en una ventaja competitiva.

¿Dónde surge el conflicto? Impacto en las PYMEs

Las recientes modificaciones a la ley han provocado el rechazo de federaciones de comerciantes y asociaciones empresariales, que advierten efectos negativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

1. Aumento de la carga económica

Uno de los principales reclamos es el incremento significativo de la contribución obligatoria que deben pagar las empresas, calculada en función de sus ingresos brutos y no necesariamente del volumen real de residuos que generan.

Para muchas PYMEs, este aumento representa una carga difícil de asumir, afectando su liquidez y capacidad operativa.

2. Falta de diferenciación por tamaño y tipo de empresa

Los gremios señalan que la ley no establece una distinción clara entre grandes empresas y pequeños comercios, lo que provoca que negocios con bajo nivel de residuos enfrenten pagos similares a empresas de mayor escala.

3. Riesgo para la sostenibilidad de las PYMEs

En un contexto económico marcado por altos costos operativos, inflación y presión fiscal, este nuevo aporte podría empujar a algunas PYMEs a la informalidad o incluso al cierre.

4. Competitividad en riesgo

Organizaciones empresariales advierten que el aumento de costos podría afectar la competitividad del comercio local frente a otros mercados, encareciendo bienes y servicios para el consumidor final.

5. Cuestionamientos sobre el uso de los fondos

Otro punto crítico es la falta de claridad sobre cómo se administrarán y distribuirán los recursos recaudados, y si realmente se traducirán en mejoras visibles en la gestión de residuos a nivel nacional y municipal.

El debate: sostenibilidad ambiental vs. sostenibilidad económica

El consenso general es que la República Dominicana necesita una política moderna y eficiente de gestión de residuos sólidos. Sin embargo, el conflicto surge cuando el peso financiero de esa transformación recae de manera desproporcionada sobre las PYMEs, que representan una parte fundamental del empleo y la economía nacional.

Los sectores empresariales no rechazan la protección del medio ambiente, pero reclaman un modelo más equilibrado, técnico y justo.

La Ley 225-20 tiene el potencial de convertirse en una herramienta clave para el desarrollo sostenible del país, pero su éxito dependerá de ajustes que tomen en cuenta la realidad de las pequeñas y medianas empresas, Un esquema de contribuciones basado en el volumen real de residuos, incentivos efectivos para quienes reciclan y una gestión transparente de los fondos recaudados podrían convertir una ley controversial en una oportunidad de crecimiento económico y ambiental.

De no corregirse, el riesgo es claro: una norma bien intencionada que termine asfixiando al motor principal de la economía dominicana.

Redacción La Nota News